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Apple pagará US$ 113 millones en EE.UU. por haber ralentizado los iPhones viejos.
Un elemento clave del caso es que, aunque la práctica de
Apple de ralentizar los iPhone para prevenir problemas con las baterías no
fuese ilegal, según los abogados el hecho de que la empresa no lo comunicase
abiertamente a los afectados les hizo creer que se trataba de un problema de
obsolescencia de sus teléfonos y les llevó a comprar nuevos modelos.
La multinacional Apple ha
alcanzado un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos por el que pagará US$ 113 millones
como compensación por haber ralentizado deliberadamente los modelos antiguos de
sus teléfonos Iphone, informaron las partes.
Los demandantes en este caso son una
coalición de 33 estados (entre ellos California, Texas, Arizona, Arkansas e
Indiana) y el Distrito de Columbia (donde se encuentra Washington, la capital)
que acusaban a Apple de haber engañado a los clientes y de haber escondido
información relevante.
La firma que dirige Tim Cook admitió hace ya tiempo que había ralentizado el
funcionamiento de modelos de iPhone antiguos como el 6 y el 7 mediante las
actualizaciones del sistema operativo iOS, con el objetivo, según la compañía,
de compensar la capacidad más limitada de sus baterías y prevenir así que los
dispositivos se sobrecargasen y apagasen.
Sin embargo, hubo voces tanto desde los
consumidores como desde los Gobiernos estatales que consideraron que lo que
Apple estaba haciendo al ralentizar los modelos antiguos era empeorar su
funcionamiento e incentivar así la compra de nuevos teléfonos y baterías, por
lo que demandaron a la empresa.
El pasado marzo, la firma de la manzana
mordida ya alcanzó otro acuerdo extrajudicial por el mismo motivo, en ese caso
ante una demanda colectiva presentada por usuarios a los que aceptó pagar un
total de US$ 500 millones.
Un elemento clave del caso es que,
aunque la práctica de Apple de ralentizar los iPhone para prevenir problemas
con las baterías no fuese ilegal, según los abogados el hecho de que la empresa
no lo comunicase abiertamente a los afectados les hizo creer que se trataba de
un problema de obsolescencia de sus teléfonos y les llevó a comprar nuevos
modelos.
Siempre según los abogados de los
demandantes, de haber sabido el motivo por el que sus teléfonos se habían
ralentizado, los usuarios podrían haber reemplazado la batería en lugar de
comprar un nuevo dispositivo, lo que hubiese tenido un coste económico mucho
menor.
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